Tan disparatada ha sido esa conducta por parte del pulpo dedicado al negocio de los medios de comunicación -entre otros- que ha cosechado rechazos y repudios no sólo de parte del arco más cercano al gobierno nacional -lo cual era muy previsible- sino también de sectores y espacios insospechados de algún vínculo K.
La medida es posiblemente fruto de la desesperación porque se aproxima el 7D. Pero no es incoherente con la historia de Clarín, un oligopolio que ha dedicado energías a la manipulación, el ocultamiento o la mentira, según sus conveniencias (y esto incluye el maltrato a sus trabajadores, negándoles hasta la posibilidad de sindicalizarse).
De lo que no hay dudas, es de que la ridícula presentación va a contramano de las argumentaciones con las que el propio Grupo pobló sus discursos de los últimos tiempos para evitar el cumplimiento de la ley de la democracia.
Hace tiempo que Clarín, en afán de defender sus negocios, utiliza la excusa de que su libertad de expresión está siendo atacada. Esa fantasía no se compadece en absoluto con la realidad: basta con seguir cualquiera de los medios que maneja.
Pero además esa teoría ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia, por una razón elemental:cuando Clarín acudió a la Justicia no justificó en una sola línea de su presentación que se ofendiera su libertad de expresión, sino que únicamente se ocupó de cuidar sus negocios.
Es difícil, además, sostener la postura de que se vulnera la libertad de expresión en un país que, según reconocen organizaciones internacionales y especialistas en la materia, consiguió una Ley de Medios ejemplar en ese sentido; y en el que además fue derogado el delito de calumnias e injurias.
Por otra parte, la libertad de expresión no es sólo de los medios o de los periodistas, sino de los ciudadanos, y en los hechos queda demostrado (tapa tras tapa, cacerolazo tras cacerolazo -especialmente durante este mes de noviembre-) la garantía que existe para manifestarse sin trabas, aun cuando esas expresiones incurran en el mal gusto, la discriminación, la tilinguería, la desinformación o la violencia de género.
Clarín está haciendo exactamente lo contrario de lo que pregona: apunta no sólo a los funcionarios, sino a las organizaciones y trabajadores de prensa que se han animado -por vía de su libertad de expresión- a trazar un escenario en el que el grupo mediático es caracterizado como referente de una corporación especialmente afectada por algunas medidas de gobierno que cosecharon un indiscutible consenso.
La Pampa ya conoce de ese tipo de poder de Clarín: la CPE llegó a justificar el retardo en la distribución del libro “La Apropiadora” (el periodista Juan Carlos Martínez describe la historia de Ernestina Herrera de Noble) en el temor a que Clarín accionara de algún modo y complicara la vida de la Cooperativa.
Desde hace tiempo, y a partir del poder económico y político que gestó en los años de la dictadura pero también durante la democracia, Clarín -que mucho más que un diario, o un medio de comunicación, es un grupo empresarial dedicado al lucro- no estaba acostumbrado a estar en el centro de la escena. Ni siquiera estaba acostumbrado a cumplir la ley. Tampoco a que su conducta pública se pusiera bajo la lupa, que es lo que hicieron y hacen los trabajadores periodistas que son el centro de su ataque.
La insólita denuncia por incitación a la violencia fue rechazada por funcionarios públicos, legisladores, organizaciones gremiales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y hasta el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que integran varios de los periodistas más visibles del grupo.
Mucho más allá de lo que hayan dicho los periodistas denunciados, independientemente del tono utilizado e incluso del interés que los haya movido a esas afirmaciones u opiniones, lo que resulta inaceptable es que sea el mismo Grupo Clarín, que se llena la boca diciendo que su libertad de expresión es atacada, el que concrete un acto que -esta vez de verdad- persigue el objetivo de amordazar a los críticos.
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