Córdoba tiene 34 años. Y fue protagonista central en el reciente juicio oral y público que, por fin, se hizo en Bahía Blanca, donde 14 represores fueron condenados a cadena perpetua. Uno de los integrantes de ese Tribunal fue el pampeano José Mario Tripputi. El fallo ordenó, además, investigar el vínculo criminal con los delitos de lesa humanidad que pudiera tener la empresa que edita el diario "La Nueva Provincia"
Los otros integrantes del Tribunal fueron Jorge Ferro y Martín Bava. La sentencia, según Córdoba, fue "justa y severa". Ayuda, además, en un proceso de revisión histórica a una comunidad formateada por el discurso de los represores. "Hay un sentimiento de que por fin esta resolución se tomó, después de pensar que jamás llegaría este momento", dice.
-¿Cuál es la primera evaluación de lo que ocurrió? -se le preguntó en “La Kermés”.
-El análisis es altamente positivo, estamos muy conformes con la sentencia que dictó el Tribunal Oral, que no sólo entendemos que es un hito para la sociedad de Bahía Blanca sino que es una referencia a una escala nacional; es el fallo con mayor cantidad de prisiones perpetuas que se ha dictado en la historia argentina. Eso habla de que la entidad de los delitos ha sido reflejado en la pena, que es un reclamo constante de las fiscalías y acusaciones, para que la gravedad de los delitos deje de ser simplemente una alegación semántica. Se ha compuesto una sentencia severa, por unanimidad, que es justa y está a la altura de los hechos.
-Otra característica es que contiene una referencia al contexto de genocidio. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Fue solicitado por vos, por las querellas?
-Es el único punto en el cual hubo una disidencia en los votos. Dos de los jueces consideraron que estos delitos de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de un genocidio y Tripputi entendió que no, que eran delitos de lesa humanidad. La Fiscalía no solicitó la calificación de genocidio, lo hicieron las querellas. Pero pasa a ser un elemento accesorio del fallo. No ha tenido incidencia en la sustancia del fallo, que es resolver la responsabilidad de los acusados. La mayoría de las fiscalías no acusamos por genocidio, por razones técnicas quizá algo engorrosas de explicar. Pero la calificación no hace a la sustancia. Sí coincidimos en que la calificación de genocidio es atinada en términos sociales y políticos.
-Uno de los detalles es que en tu alegato no contraatacaste los argumentos de la defensa, directamente no dándoles entidad.
-No. Hubo argumentos que ya habíamos presentado. Pretendíamos que algunas defensas se ahorraran la vergüenza de plantear la obediencia debida o que hubo una guerra, en lo que incurrieron de todos modos. No tienen ningún tipo de entidad. Es la réplica del esquema ideológico de los represores. Las objeciones no tenían entidad. La habilitación para responder esas argumentaciones es en el caso de argumentos relevantes, que no los hubo: no cuestionaron, por ejemplo, el hecho de que las desapariciones fueran consideradas homicidios. En la sentencia se reflejó, porque rechazaron todos los planteos defensivos. Los condenados no son todos los culpables de la represión en Bahía Blanca, pero sí fueron en algunos casos los ideólogos de lo que fue la represión continental en los ‘70, como Juan Manuel Bayón, o Jorge Granada, que han tenido actuación destacada y lamentable. Es una sentencia muy severa, muy justa, que alcanza a imputados con mucha responsabilidad.
-Bahía Blanca es algo así como la cuna de ese relato de los represores, que ha sido avlado especialmente por el diario “La Nueva Provincia”: ¿cómo fue esa lucha judicial y extrajudicial con el medio de mayor circulación y el que ha formateado el sentido común de los bahienses?
-Esta sentencia, que llega a 5 o 6 años de reabiertas las causas, marca una tardanza respecto de otros lugares del país y eso es responsabilidad de la conformación institucional de Bahía Blanca. Dentro de esa conformación, me refiero al Tribunal que no estuvo en condiciones de hacerse cargo de la causa. Hubo incluso algunos miembros a los que hubo que apartar para destrabar este juzgamiento. Estaban las víctimas dispuestas incondicionalmente a testimoniar, pero lo que no teníamos era un tribunal imparcial que se hiciera cargo de la causa. Una vez que lo hubo la sentencia fue claro ejemplo de que había un proceso de justicia trabado. Entre los puntos de la sentencia destacados, se encuentra la orden de los jueces de que se investigue la posible responsabilidad de los directivos de La Nueva Provincia por su aporte criminal a estos hechos, es un planteo novedoso pero que en el desarrollo no ha llamado la atención porque hubo innumerables referencias a ese aspecto. Marca un rumbo a los investigadores de primera instancia tanto respecto de La Nueva Provincia como de la responsabilidad de algún capellán de la Iglesia Católica.
-Siendo Bahía Blanca una ciudad que, brutamente, podemos definir como “muy milica”, ¿cómo impactó este proceso en la comunidad, se discute del tema, se revisa la historia, o todavía falta para eso?
-Un hecho de esta entidad excede la resolución judicial. Queda dando vueltas en la sociedad y hay un núcleo constitutivo de la ciudad, porque estábamos juzgando a los miembros de la institución fundante de Bahía Blanca, que es el Ejército Argentino. Y por fin los estrados judiciales tras tantas décadas de silencio se han pronunciado. Más allá de ese núcleo duro, que marca un modo muy particular de la ciudad que ha crecido al ritmo de masacres y persecuciones no juzgadas, la sobredimensionada organización militar que aun existe respecto de la sociedad civil, como en Punta Alta marca toda una impronta social... Ahora, también hay sectores que han forjado este proceso de justicia, no es el producto sólo de un planteo judicial, sino de un reclamo y de un accionar constante de organismos de Derechos Humanos y de un sector importante de la población. Sumado a la actual participación de mucha juventud, hace que el impacto que va a tener es un aspecto a tener en cuenta para generar algunas condiciones irreversibles. Veremos con el tiempo. Lo que percibo es que hay un sentimiento de que por fin esta resolución se tomó, después de pensar que jamás llegaría este momento.
-¿Existe alguna otra causa que investigue el papel de civiles colaboracionistas?
-La causa es voluminosa, tiene 115 acusados y entre ellos los abogados que fueron secretarios penales en el Juzgado número 1, acusados de crímenes de lesa humanidad. Está en apelación ante la Cámara. El juez, que también estaba acusado, falleció durante el proceso. Hace un año y medio solicité el allanamiento de La Nueva Provincia, pero fue una medida rechazada por el juez a cargo de la causa, Eduardo Tentoni, se perdió la posibilidad de dar con documentación de relevancia. En estos días hubo un procesamiento de 28 acusados de la Armada Argentina, luego de un año de continuos pedidos de que se resolviera. El plazo era de 10 días, llevó un año de planteos y una severa advertencia de la Cámara para que el juez resolviera porque era una situación de denegación de justicia. Debió haberse hecho hace por lo menos 10 meses.
-Respecto del proceso político, ¿qué lectura hacés? Supongamos que hubiera un cambio de vientos políticos, ¿Bahía Blanca retrocedería, seguiría con este proceso?
-Lo que puedo hacer es evaluar lo que ha pasado hasta ahora. Este proceso excede lo ocurrido en 2003, hay organismos que vienen desde muchos años antes, que han soportado las leyes de impunidad y el menemismo; y han hecho sus reclamos durante la dictadura, incluso. Sin dudas que la decisión política de habilitar estos juzgamientos, remover a la Corte que sostenía esta impunidad y designar jueces probos, habilitó los juzgamientos que eran algo insostenible en su impunidad. Esto fue de la mano de lo que es un aporte documental sustancial, una gran diferencia respecto de lo que ocurría antes. Por decisión del Ejecutivo ahora se puede acceder a los archivos militares y eso ha permitido dar con documentación que era retaceada por las Fuerzas Armadas. Las dificultades actuales son propias de la conformación del Poder Judicial de cada lugar. La tardanza en Bahía Blanca respecto de otros lugares es exclusiva responsabilidad de los integrantes del Tribunal Oral. Es necesario desnazificar al Poder Judicial y remover a quienes son rémora venidas directamente desde sectores militares o filomilitares que entorpecen la marcha de estos procesos.
-En el caso de los imputados, ¿se ha mantenido durante el juicio el pacto de silencio o hubo alguien que dio algún dato de valor?
-No hubo ningún aporte. Lo cual sigue poniendo de manifiesto el compromiso con los crímenes que cometieron y que los han hecho merecedores de las penas de perpetua. No sólo estuvimos acusando a los responsables de torturas ocurridas en el ‘76, sino acusados que siguen torturando a los familiares que siguen buscando los restos de sus familiares e incluso a hijos nacidos en cautiverio. Mediante el silencio, les infligen tormentos a estas personas. Hay una trama miserable que sostiene esas vidas, que les impide apartarse de ese discurso. Y a la biografía de cada uno de los acusados se les adiciona ahora la verdad. Es un modo de traer a la civilización a estas personas, en el modo en que corresponde: como condenados a prisión perpetua.
-¿Cómo se han manejado en lo que hace a la seguridad de los denunciantes y testigos?
-Hay diferentes dispositivos, que vamos viendo según cada caso. Hay diferentes niveles de riesgo y abordajes. Es un aspecto contemplado, el Tribunal ha sido absolutamente respetuoso con los testigos. Existieron situaciones de amenaza, pero sin entidad como para afectar la marcha del proceso.
-Vos tenés 34 años, es decir que hace 10 años cuando estaban vigentes las leyes de impunidad te estabas recibiendo... ¿qué pensabas de estos temas en ese momento?
-Integraba organismos de Derechos Humanos, en mi militancia universitaria era un tema abordado e investigado; siempre tuve presente el tema, y los crímenes cometidos, recuerdo bien haber leido el “Nunca Más” en una corta edad y comprendido estos hechos. La formación ideológica hace conocer más detalles, y desde la carrera de Abogacía se conocen detalles jurídcos del soporte de impunidad. Mi interés en esta causa está nutrido de diferentes cuestiones y siempre me interesó hacer un aporte después de pasar por una formación pública para revertir esta situación de injusticia que es insostenible.
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