¿Pasó algo después de la muerte de Carla?

Por Polilla Vallejos

El 29 de enero de 2010 se publicó en el Boletin Oficial nº 2877, la Ley 2550 que prometía, al menos, intentar erradicar la violencia de género en todas sus formas, adhiriendo a la ley nacional nº 26485. De ese modo La Pampa cumplió con un paso fundamental, que fue el de asumir que el problema existía.

En el artículo 2º) la ley 2550 dice textualmente: “El Poder Ejecutivo, conforme a las facultades que le son propias, arbitrará las medidas necesarias para hacer operativa la misma en el ámbito de la provincia de La Pampa”.

La pregunta, entonces, es: ¿pasó algo antes de la muerte de Carla? Es cierto que articular una ley como la 24685 lleva mucho tiempo y presupuesto, pero, de veras, antes de Carla Figueroa no pasó nada. Nada que evitara su muerte.

No hubo presupuesto para la Oficina de Atención a la Víctima en el Poder Judicial, no hubo presupuesto para organizar una infraestructura de contención especializada, no hubo profesionales afectados a esa tarea y si los hubo no les dieron las herramientas para desarrollarlas.

Como perro que volteó la olla, el gobierno provincial miró para otro lado y, como de costumbre, le puso tres o cuatro guirnaldas a la cuestión, dos viejas con bonete y ¡chau pinela!: ¡En La Pampa se terminó la violencia!

Lo peor es que después del asesinato de Carla tampoco pasó nada, o pasó muy poco.

“Un plan estratégico para combatir la Trata de Personas y actos de violencia de género”, presentado por la vicegobernadora Norma Durango, con bombos, platillos, las mismas tres guirnaldas y la confesión en el mismo acto de que aún no había leído el documento.

Una campaña simpática que propone sacar tarjeta roja al maltratador pero que nada dice de expulsar de sus filas a los maltratadores funcionales al poder, y un Consejo Provincial de la Mujer que, hasta el momento, no demostró tener demasiado peso a la hora de las decisiones.

Una vez más, espejitos de colores para Carla.